Mediante un proyecto de ley, el PSD (Partido Socialdemócrata) propone tipificar como delito la conducta de quienes invadan u ocupen una vivienda, previendo penas de hasta dos años de cárcel o multa. Estas penas se agravarían en situaciones en las que se utilice la violencia, la vivienda sea en propiedad y esté ocupada de forma permanente, o exista ánimo de lucro.

Los socialdemócratas quieren que también se castigue el intento de allanamiento de morada.

Este proyecto de ley recibió el voto a favor del PSD, CH, PS, IL y CDS-PP, la abstención del JPP y el voto en contra de Livre, PCP, BE y PAN.

El proyecto de ley de IL quiere permitir que quienes ocupen ilegalmente propiedades ajenas puedan ser desalojados en un plazo máximo de 48 horas.

Los liberales quieren que la "violación de domicilio y usurpación de inmueble" se añada al conjunto de delitos previstos por la ley (como amenazas, coacciones o acoso) que actualmente permiten a un juez obligar a los delincuentes a abandonar sus casas.

El partido insiste, como ya hizo al final de la anterior legislatura, en endurecer las penas para estos delitos, proponiendo que la ocupación ilegal de una vivienda se castigue con tres años de cárcel (actualmente es de un año) y que si la ocupación se lleva a cabo con el uso de la violencia, el castigo pase de tres a cinco años.

La IL también quiere que la policía pueda identificar a cualquier persona "en un lugar privado, en caso de violación de domicilio y usurpación de bienes inmuebles", cuando actualmente la ley sólo permite esa identificación en lugares públicos abiertos al público.

Este proyecto de ley fue aprobado, a pesar de los votos en contra de los partidos PS, Livre, PCP, BE, PAN y JPP.

Chega también propone dar un plazo de 48 horas para desalojar el inmueble, o inmediatamente en caso de delito flagrante.

El partido quiere que estos casos se juzguen en procedimiento abreviado y endurecer las penas para quienes ocupen ilegalmente una vivienda, previendo una pena de hasta tres años, o una multa, que puede llegar hasta los cinco años de cárcel en casos que impliquen el uso de violencia.

Chega pretende que estas penas sólo se incrementen "en un tercio, en su límite mínimo", cuando la conducta "se cometa con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, o cuando el delito se cometa conjuntamente por dos o más personas".

Este proyecto recibió los votos en contra del PS, Livre, PCP, BE y PAN y el voto en contra del JPP. Los demás partidos votaron a favor.

También se aprobó una resolución del CDS, que recomienda al Gobierno tomar "medidas legislativas urgentes para agilizar el desalojo de los ocupantes ilegales, incluyendo el establecimiento de mecanismos de desalojo inmediato en casos de violación flagrante."

Los centristas también piden que se refuercen los recursos del Poder Judicial y de la Administración Interior "para garantizar una respuesta eficaz, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones de los derechos de propiedad", así como "campañas de concienciación que disuadan de las prácticas ilegales y restauren la confianza de los ciudadanos en el Estado Democrático de Derecho."