Esta decisión jurídica histórica de la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece que los gobiernos podrían infringir el derecho internacional si no frenan las emisiones, no aprueban nuevos proyectos de combustibles fósiles o no asignan fondos públicos al petróleo y al gas.

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La propuesta fue presentada ante la CIJ por estudiantes de derecho y activistas de Vanuatu, un país del Pacífico de baja altitud, y aunque el fallo del tribunal no es vinculante, tendría importantes consecuencias.