En un comunicado, el MP dice que se incautaron 118 propiedades, la mayoría en el Algarve, y que los acusados, de varias nacionalidades, desarrollaron durante casi 10 años "una organización criminal transnacional responsable de un sofisticado esquema para obtener" financiación bancaria.

"Los hechos imputados abarcan más de trescientas solicitudes de hipotecas, por valor de más de cuarenta y un millones ochocientos mil euros, obtenidas de diversas entidades bancarias nacionales, todas logradas con documentación falsificada", reza la nota.

Según el Ministerio Público, la banda habría actuado entre diciembre de 2015 y, al menos, el 25 de junio de 2024, y sus integrantes son presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, estafa cualificada, blanqueo de capitales, falsedad documental y falsedad documental.

Su modus operandi consistía en la "creación y manipulación a gran escala de nóminas, extractos bancarios, declaraciones anuales de la renta y declaraciones patronales, todo ello con origen aparente en el Reino Unido", añade la nota publicada en la web de la Fiscalía Regional de Évora.

De esta forma, el grupo conseguía simular, ante los bancos portugueses, "situaciones financieras y profesionales falsamente superiores a la realidad, engañándolos e induciéndolos a conceder préstamos sin condiciones, esencialmente a ciudadanos extranjeros sin ingresos ni patrimonio conocidos, subvirtiendo el normal funcionamiento del sistema bancario".

En este contexto, la fiscalía identificó "varias situaciones de impago definitivo de las cuotas de los préstamos, y se espera que el número pueda aumentar", habiéndose adquirido al menos 284 inmuebles en el Algarve.

Los líderes de la organización obtenían beneficios no sólo de la diferencia entre el precio de compra y el valor de la financiación fraudulentamente concedida, sino también de los "valores de los préstamos sucesivamente obtenidos a nombre de personas utilizadas para este fin, a través de ventas simuladas".

Según el Ministerio Público, los cabecillas también lograban obtener "beneficios ilícitos mediante la rentabilización de los inmuebles obtenidos por esta vía, en los que también se utilizaba a las personas que actuaban como testaferros para ocultarlos".

En el marco de esta causa, el Ministerio Público promovió la declaración de decomiso a favor del Estado de varios bienes obtenidos por medios delictivos, en concreto, 26,4 millones de euros "que deberán abonar solidariamente los dirigentes de la organización, correspondientes a los beneficios obtenidos por las operaciones fraudulentas".

Según el MP, también se incautaron 118 inmuebles, la mayoría de ellos en el Algarve, valorados en al menos 21,5 millones de euros, 22 coches y tres embarcaciones, entre ellas un yate valorado en 320 mil euros, saldos bancarios y dinero en efectivo.

Uno de los acusados se encuentra en prisión preventiva y los otros dos deberán permanecer en el domicilio bajo vigilancia electrónica.

En estos momentos, está corriendo el plazo para la posible apertura de una investigación que, de no solicitarse, "determinará la remisión del caso a juicio", aclara el diputado.

La investigación está dirigida por la Dirección Regional de Investigación y Acusación Criminal(DIAP) de Évora desde enero de 2021, con la asistencia de la Dirección Sur de la Policía Judicial y de la Unidad de Asesoría Técnica de la Procuraduría General de la República (PGR).