"En total, estas medidas suponen una inversión de unos 400 millones de euros, de los que no todos se incluirán en la tarifa, algunos proceden de fondos europeos", dijo la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, en una rueda de prensa en el ministerio, en Lisboa, al cumplirse tres meses del apagón que afectó a Portugal y España el 28 de abril.

La responsable gubernamental aseguró que estas 31 medidas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, tendrán un impacto residual en las tarifas, estimando que por cada 25 euros en el recibo de la luz habrá un incremento de un céntimo, es decir, del 0,04%.

Entre las medidas se encuentra la agilización de la inversión de 137 millones de euros para reforzar la capacidad de operación y control de la red eléctrica, ya prevista por REN - Redes Energéticas Nacionais (Redes Energéticas Nacionales) y aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Energéticos(ERSE), mediante la aprobación de una autorización autonómica para que pueda ejecutarse "lo antes posible".

Además, el plan incluye el lanzamiento de una subasta de baterías de almacenamiento para 2026, así como ayudas por valor de 25 millones de euros para mejorar la capacidad de respuesta de infraestructuras críticas, como hospitales, equipándolos con paneles fotovoltaicos y baterías, por ejemplo.

"Por supuesto, podríamos aumentar las medidas que estamos aplicando aquí, pero pagaríamos más. Siempre es un acto de equilibrio, [...] creemos que estas medidas son suficientes para aumentar la seguridad operativa de la red sin afectar significativamente a las tarifas de los consumidores portugueses", subrayó el ministro.

A finales de junio, la Ministra de Medio Ambiente y Energía anunció que presentaría un conjunto de medidas en respuesta al apagón de abril, aunque aún no estaba disponible el informe final que detallaba las causas del suceso.

Maria da Graça Carvalho indicó entonces que el Gobierno pretende aumentar la capacidad de almacenamiento de electricidad, por lo que está trabajando en un "plan nacional de almacenamiento", que, añadió, podría incluir tanto el almacenamiento químico, a través de baterías, como el hidroeléctrico, mediante la capacidad de las presas.

Otra medida que se presentará implica cambios en los sistemas de control de la red, con una mayor informatización y utilización de datos, creando "un sistema único de recogida de datos".

Conclusiones

A principios de esta semana se hicieron públicas las conclusiones de la reunión del 15 de julio del grupo de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad(ENTSO-E) que investigó el colapso de la red. En ellas se señalaba como causa más probable una subida de tensión en cascada -observada en el sur de España en la fase final del incidente- seguida de paradas repentinas de la producción, sobre todo en instalaciones de energías renovables. Esto provocó que la Península Ibérica se desconectara eléctricamente del continente, lo que dio lugar a una pérdida de sincronización y un colapso de la frecuencia y la tensión.

Nunca antes se había identificado este tipo de interrupción como causa de un apagón en ningún punto de la red europea.

Durante el incidente, se activaron planes de respuesta automática en Portugal y España, como exige la normativa europea, pero no pudieron evitar el colapso de la red.

Aunque el plazo legal para elaborar el informe fáctico sobre el incidente es el 28 de octubre de 2025, seis meses después del siniestro, el grupo de expertos tiene intención de presentarlo antes.

A este le seguirá un informe final, con recomendaciones a la Comisión Europea y a los Estados miembros, que debería entregarse dos o tres meses después.