Según la presentación, este régimen elimina la exigencia de contratos con comercializadores, permite la recarga con pago directo en todos los puntos públicos y está en línea con la normativa europea AFIR - Alternative Fuels Infrastructure Regulation, según la nota compartida por el Consejo de Ministros.

En el mismo documento, el Gobierno señala que el régimen permitirá la simplificación de los procedimientos de concesión de licencias, la expansión de la red por todo el país, y destaca también su papel en la descarbonización del transporte.

La aprobación de un nuevo régimen ha estado en suspenso desde el final de la consulta pública, que concluyó a finales de marzo. Las partes interesadas del sector entrevistadas por ECO/Capital Verde se mostraron divididas en su evaluación del documento de consulta: aunque permitir el autoconsumo en los puntos de recarga fue un punto positivo consensuado, al igual que la provisión de terminales de pago automático, otros puntos generan más desacuerdo, como el impacto potencial en los precios, la competencia y el crecimiento de la red.