Estas distinciones pueden marcar la diferencia para quienes viajan entre los dos países, ya que ayudan a evitar multas inesperadas y garantizan una conducción más segura, según Postal.

En España, hacer pública la ubicación de las operaciones de la STOP se considera ahora una infracción de tráfico muy grave, y los conductores que compartan este tipo de información podrían ser multados con entre 3.000 y 20.000 euros.

Actualmente, ya existe una ley que prohíbe dar publicidad a las operaciones policiales en situaciones que puedan comprometer la seguridad de los agentes o la eficacia de las actuaciones. Esta norma está presente en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero la nueva reforma de la Ley de Tráfico agrava las sanciones.

La reciente modificación, aprobada por el Congreso de los Diputados, registra como infracción muy grave estas acciones, un hábito habitual de los conductores portugueses, que incluye el uso de redes sociales, apps de mensajería u otros medios digitales para alertar de la ubicación de controles policiales en las carreteras.

Esta nueva legislación aún no ha entrado oficialmente en vigor, pero las autoridades ya han empezado a intensificar su aplicación, y el Tribunal de Vigo juzgó a principios de este mes un caso relacionado con un grupo de WhatsApp dedicado a compartir información sobre operaciones policiales.

El administrador del grupo y otros 20 usuarios fueron considerados responsables de entorpecer las investigaciones de la Guardia Civil, en particular de la Unidad Central Operativa (UCO), que lucha contra el crimen organizado. La difusión de esta información habría puesto en peligro el éxito de varias misiones.

Como resultado, el administrador del grupo fue multado con 1.200 euros, mientras que los otros miembros fueron sancionados con 600 euros cada uno, sirviendo como ejemplo de la nueva postura de las autoridades a la hora de compartir alertas sobre operaciones STOP.