"La vivienda debe ser tratada como una prioridad nacional, y no lo está siendo", señala la socióloga Sandra Marques Pereira, investigadora del DINÂMIA'CET-Iscte, centro de estudios socioeconómicos y territoriales.

"Eso no quiere decir que no haya un esfuerzo, pero la política de vivienda sigue sin tener la centralidad que debería dada la gravedad de la situación", considera, señalando que el hecho de que ya no tenga un Ministerio autónomo es "un indicador importante de debilitamiento, que empezó con el Gobierno anterior y se está repitiendo esta vez".

Ante esto, el experto no cree que "la situación vaya a mejorar" y vaticina que continuará la construcción de infraviviendas.

"Es urgente crear un plan nacional de emergencia habitacional", argumenta Isabel Santana, que se jubiló hace siete meses tras 40 años trabajando para el Ayuntamiento de Lisboa, la mitad de ellos como jefa de la división municipal de gestión de la vivienda.

"Esta proliferación creciente de chabolas y construcciones precarias no se detendrá. A menos que actuemos de otro modo, tendremos las viviendas 'ilegales' que teníamos en los años 80 y 90", vaticina, abogando por "la construcción a gran escala" y "la coordinación entre la administración central y el gobierno local".

La coautora de la Estrategia Local de Vivienda de Lisboa, Isabel Santana, cree que "los municipios desempeñan su papel", pero las medidas que adoptan "acaban siendo soluciones rápidas, porque el volumen y la escala de las necesidades son muy grandes".

Licenciada en trabajo social, siguió el funcionamiento del Programa Especial de Realojamiento (PER), que en 1993 sacó a los residentes de chabolas de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto. Señala que, en aquella época, había "conciencia política de la precariedad de la vivienda", estrechamente vinculada a la lucha contra la pobreza.

"Actualmente, las condiciones precarias están mucho más extendidas", compara.

"No hablamos sólo de los necesitados y de las rentas bajas. Entre los que están siendo desahuciados ahora mismo no sólo hay familias que viven en chabolas y edificios precarios; estamos hablando de ancianos, que sufren el acoso inmobiliario a causa de la vivienda local. Hablamos de jóvenes licenciados, con másteres y doctorados, que no tienen acceso a una vivienda en Lisboa sin el apoyo de sus padres", explica.

"Tiene que haber un programa permanente", argumenta Sandra Marques Pereira, que ha trabajado en políticas de vivienda pública.

Repetir errores

Isabel Santana señala que "no podemos repetir algunos de los errores que se produjeron en el PER", a saber, "esa construcción masiva, la mala calidad de la construcción, la falta de participación pública en los procesos, especialmente en el caso de los realojos".

Para el técnico, "se mejoraron algunas partes de la ciudad, pero hubo situaciones de gran segregación socioespacial".

Isabel Santana no tiene dudas sobre situaciones como las recientes demoliciones en el barrio de Talude Militar, en Loures: "¿Dónde está esa gente? La gente está viviendo al aire libre, la gente está haciendo hogueras, y esto es inaceptable; estas condiciones son indignas."

Por su parte, Sandra Marques Pereira recuerda que "las chabolas siempre han sido el aspecto más visible de la precariedad habitacional", pero hay muchos otros signos de crisis, como "el hacinamiento y las camas alquiladas a precios desorbitados", ante los que "el Gobierno guarda absoluto silencio".