En un comunicado, el ERS dice que el asunto en cuestión es la "práctica de la asistencia sanitaria por un profesional no cualificado", a saber, servicios de medicina dental e inyecciones para rellenos faciales, lo que representa un "peligro inminente para la salud y la seguridad de los usuarios".

"A través de la observación realizada in situ, así como de las pruebas recogidas, se pudo constatar que en uno de los espacios del municipio de Faro se estaban realizando actos médicos y/u odontológicos por un profesional sin la titulación y cualificación necesarias y haciendo caso omiso de los más elementales estándares de calidad y seguridad", alegaba.

Durante la inspección, el órgano regulador confirmó que "se estaban realizando procedimientos de aplicación de toxina botulínica y bioestimulantes, además de rellenos faciales y corporales con ácido hialurónico inyectable".

Estos procedimientos requieren el uso de medicamentos o productos sanitarios en cuyo envase "figura la indicación de uso exclusivo por un médico", ya que se trata de "procedimientos invasivos que implican la inyección e inserción de productos en la piel", argumentó.

El ERS subrayó que los hechos constatados y el peligro para la salud y seguridad de los usuarios motivaron la aplicación de la "medida cautelar de suspensión inmediata de la actividad" por el "ejercicio no cualificado de la asistencia sanitaria en el ámbito de la estética".

El establecimiento en cuestión vio suspendida su actividad en el marco de una actuación dirigida a garantizar el derecho de los usuarios a acceder a la prestación de una asistencia sanitaria "adecuada y segura" y a vigilar "el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento vigentes", señaló el organismo regulador.

Los establecimientos inspeccionados estaban ubicados en el distrito de Faro y las actuaciones se desencadenaron por un "conjunto de denuncias que pretendían prestar asistencia sanitaria en el área de la estética por profesionales no cualificados", indicó.

La medida cautelar podrá ser "declarada extinguida" cuando se compruebe que ya no existe peligro para la salud y la seguridad de los usuarios, aclaró también la ANEEL, que comunicó los hechos al Ministerio Público.