De las 124.000 propiedades de alquiler vacacional (AL) registradas en el país, sólo 50.000 han acreditado su actividad mediante la presentación de un seguro de responsabilidad civil. Es decir, hay 70.000 establecimientos que corren el riesgo de ser dados de baja, ya que la presentación de este documento es obligatoria para garantizar la legalidad de la actividad, según el Diário de Notícias.

La Asociación Portuguesa de Alojamientos Locales(ALEP) advierte de que el plazo para presentar los documentos está en su recta final, y los ayuntamientos empezarán a enviar órdenes de cancelación a los propietarios que no hayan cumplido la normativa a partir de la próxima semana. Sólo en Lisboa, más de la mitad de los 19.000 alojamientos locales aún no han presentado la prueba de actividad.

ALEP calcula que hay aproximadamente 50.000 registros inactivos, correspondientes a "licencias fantasma".

"Teniendo en cuenta nuestra proyección sobre el número de propiedades AL que no están operativas, esperábamos que, en este momento, ya se hubieran presentado aproximadamente 70.000 pruebas de AL activas. Hay una franja de 20.000 unidades cuya actividad está en peligro. En este momento, hay 70.000 registros en proceso de cancelación", explica el presidente de la asociación, Eduardo Miranda.